Andrea Del Boca, cerca del juicio oral por Mama Corazón

0
3

La actriz Andrea Del Boca está a un paso de ser sometida a juicio oral por defraudación al Estado por el subsidio que recibió por la novela Mamá Corazón, debido a que el juez ya trasladó el expediente a la fiscalía

La actriz Andrea del Boca, a un paso del juicio oral por defraudación.

La actriz Andrea Del Boca está a un paso de ser sometida a juicio oral y público por defraudación al Estado por el subsidio que recibió para realizar la novela “Mamá Corazón”, debido a que el juez del caso ya trasladó el expediente a la fiscalía para que formule el requerimiento.

Fuentes judiciales informaron que el juez federal Sebastián Ramos le pidió al fiscal Gerardo Pollicita que dictamine si corresponde que el caso ya pase a instancia de juicio oral y público o si pide previamente la realización de alguna medida de prueba.

Del Boca está procesada junto al ex ministro de Planificación Julio de Vido y otros ocho imputados en la causa por presunto delito de defraudación al Estado.

La actriz está acusada de ser “partícipe necesaria” del delito, al igual que al entonces rector de la Universidad de San Martín (UNSAM) Carlos Ruta, embargados por 50 y 60 millones de pesos, respectivamente.

El eje central de la acusación contra Del Boca es el manejo de fondos provenientes del ex Ministerio de Planificación Federal para financiar la novela “Mamá Corazón” por unos 36 millones de pesos, aunque la tira nunca se emitió.

“El referido convenio tuvo como propósito posibilitar la selección discrecional de la telenovela Mamá Corazón, propuesta por la productora a+A Group SRL, para que fuera financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente -Andrea del Boca- era una persona cercana al Gobierno de ese entonces”, indicó el fallo. Según la investigación, en julio de 2015 la productora de Del Boca firmó el convenio por el cual percibió la suma de 25.652.160 pesos (un 76 por ciento del costo de producción final consignado en el contrato) provenientes del presupuesto de la cartera de Planificación y destinados al financiamiento de la producción de la telenovela. Pero, además de obtener el financiamiento íntegro de su obra con fondos públicos, un diez por ciento del total (es decir más de 3 millones de pesos) percibiría la productora de Del Boca en concepto de ganancias por la producción realizada y era la única que conservaría los derechos de comercialización en el exterior.

En la causa se investigan presuntas maniobras defraudatorias para implementar un circuito que involucró la actuación de funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, de la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

De acuerdo a la investigación, el propósito habría sido disimular el fin último de la suscripción de los convenios que posibilitaron el “otorgamiento discrecional” de fondos públicos a productoras privadas. Según el expediente, esas productoras serían “Cooperativa de Trabajo Tostakí Ltda.” ($4.550.000) y “a+A Group SRL” ($36.582.468), que financiarían la realización de la miniserie “El Pacto” (antes denominada “Será Justicia y otros’) y de la telenovela “Mamá Corazón”, respectivamente.

Además de Del Boca, De Vido y Ruta, el magistrado procesó a la ex titular del INCAA, Liliana Mazure, a quien le trabó un embargo de 5 millones de pesos; a Nadia Jacky, directora de Tostaki, con un embargo de 6 millones; a los secretarios de la UNSAM, Maximiliano Schwerdtfeger y Hugo Nielson, con embargos de 50 millones y 6 millones; y a los ex funcionarios Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada, con un embargo de 50 millones cada uno.

De Vido tiene trabado un embargo de $60.000.000 sobre sus bienes, al igual que el ex rector de la UNSAM, Carlos Ruta, otro de los procesados en esta causa. De Vido cumple prisión preventiva dispuesta en la causa en la que se le imputa responsabilidad en otro multimillonario fraude al Estado, por el desvío de fondos en las obras para refacción de la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.

El ex ministro y diputado nacional, con condena (aún no firme) a cinco años y ocho meses de prisión, por el choque del tren en la terminal de Once en febrero de 2012, con 51 muertos y 789 heridos, está acusado además de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, administración fraudulenta y cohecho, entre otras imputaciones en una docena de causas.

Dejanos tu comentario